Translate

26. 03. 2015.

Invitation: Exhibition of Roma artist István Szentandrássy - 1 April, Brussels


Balassi Institute and the Embassy of Hungary in Brussels
cordially invite you to the opening of the exhibition of
István Szentandrássy
Kossuth prize winner Gipsy painterin the presence of the artist
opening speech:
Katalin Langer Victor
State Secretary responsible for social inclusion
The style of Szentandrássy was inspired by the Renaissance, the early 20th century avant-garde and Modigliani. His oil paintings are dominated by dark brown colours and warm brightness.

1 April 2015 7 PM
Balassi Institute
10 Treurenberg, 1000 Brussels
________________________________________________________________

 A Balassi Intézet és a Brüsszeli Magyar Nagykövetség meghívja
Szentandrássy István
Kossuth-díjas roma festőművész kiállításának megnyitójára
a művész jelenlétében
Nyitóbeszéd:
Langerné Victor Katalin
Társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár
Szentandrássy sajátos stílusát legfőképpen a reneszánsz művészet, a 20. század elejének avantgárd irányzatai és Modigliani inspirálták. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják.
2015. április 1. 19:00
Balassi Intézet
1000 Brüsszel, Treurenberg 10.
______________________________________________________________

További info itt. / More info here.
Ha szeretne leiratkozni,kattintson ide / If you wish to unsubscribe, please click here.
--
Best regards, 
ERIO Team
____________________________________________
European Roma Information Office (ERIO)
Av. Edouard Lacomblé 17, 1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 733 3462
Fax: +32 (0)2 733 3875

OMUNICADO DE PRENSA (ESPAÑOL/ENGLISH): La pobreza en Chile corre el riesgo de pasar de



English version, see below
Vea abajo la versión en inglés

La pobreza en Chile corre el riesgo de pasar desapercibida, advierte experto de la ONU
  
SANTIAGO (24 de marzo de 2015) – El Relator Especial de las Naciones Unidas Philip Alston advirtió hoy que “la pobreza aún no está en la mira de muchos de los encargados de formular políticas en Chile, pese a la impresionante gama de programas para luchar contra ella”.

“Está aún por verse si el actual programa político y social del gobierno - enfocado en la clase media- prestará suficiente atención a la tragedia de quienes viven en la pobreza”, dijo el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear e informar sobre situaciones de extrema pobreza y derechos humanos en el mundo.

Al cierre de su visita oficial* a Chile, durante la cual se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet, el Sr. Alston señaló que “Chile es un modelo para la región de América Latina en cuanto a su compromiso con los derechos humanos, su elevada tasa de crecimiento económico y sus innovaciones sostenidas en materia de política social”.

“Sin embargo”, recalcó, “continúa tolerando niveles de pobreza y desigualdad demasiado elevados para un país miembro de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

“Las persistentes desigualdades resultan en una sociedad altamente segregada, en la que áreas residenciales separadas, establecimientos educacionales separados y mercados de trabajo separados sirven para arraigar el privilegio y asfixiar la movilidad,” dijo.

El Sr. Alston alabó la determinación del actual gobierno por abordar estos temas, pero señaló que es necesario hacer aún más. “Los niveles tan elevados de desigualdad en Chile son incompatibles con el pleno respeto de los derechos humanos”, subrayó el experto de la ONU.

Para el Relator Especial, “reducir la desigualdad y superar la pobreza no es sólo un asunto de política fiscal ni de reforma educacional”. En tal sentido, explicó que la lucha contra la discriminación de género y otras formas de exclusión debe ser parte integral de un programa de reforma.

“Se requiere de reformas a la legislación laboral para permitirles a los sindicatos defender los derechos de los trabajadores eficazmente”, dijo. “La participación de la mujer en la fuerza de trabajo se debe facilitar mediante un conjunto de medidas que incluyan mejores servicios de asistencia en los barrios y mejor compensación económica para las mujeres que no reciben remuneración por su trabajo de cuidado del hogar”.

Asimismo, el experto hizo un llamado a la adopción de medidas para reducir la alta tasa de embarazo adolescente, especialmente entre las más pobres. “Es necesario ir bien más allá del actual debate sobre el acceso al aborto, a pesar de su importancia. Se requiere de un esfuerzo sostenido para reconocer y promover los derechos sexuales y reproductivos, un asunto de derechos humanos tanto como complemento necesario a la reforma del mercado de trabajo”, agregó el Sr. Alston.

El Relator Especial comentó que el historial de Chile en derechos de los pueblos indígenas representa el ‘Talón de Aquiles’ de su historial en derechos humanos en el siglo XXI.

“La respuesta del Estado de Chile a los problemas ampliamente reconocidos de exclusión, marginalización y discriminación ha sido poco sistemática y tibia”, de acuerdo al experto de la ONU. “Los esfuerzos por eliminar la extrema pobreza en Chile no podrán tener éxito sin un enfoque concentrado en la situación de los pueblos indígenas”.

El Sr. Alston llamó a la adopción de un plan específico e integral contra la pobreza y la pobreza extrema, así como a la creación de  mecanismos de coordinación más eficaces. Pero observó que es poco probable que esto se logre solamente por los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social.

“Existe la profunda necesidad de una entidad con la responsabilidad, autoridad, fondos y recursos para coordinar políticas sobre derechos humanos transversales del Estado en su conjunto”, dijo alentando a que se avance en la creación del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Sin embargo, el proceso parece haberse detenido y requiere ser reactivado”.

El experto agregó que, una vez creada la nueva estructura Ministerial, será necesario asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales sean parte integral de su mandato.

Durante su visita oficial de nueve días, el Relator Especial se reunió con el nuevo presidente del Senado, Patricio Walker, y diversos funcionarios de gobierno, dirigentes de la sociedad civil, académicos, representantes de organismos internacionales y personas que viven en situación de pobreza.

Sus conclusiones y recomendaciones finales serán presentadas en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016.

(*) Lea la declaración completa de cierre de misión del Relator Especial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15748&LangID=S

FIN

El Profesor Philip Alston (Australia) asumió el cargo de Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014, tras su nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos. Es profesor de Derecho John Norton Pomeroy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. El Sr. Alston ha servido previamente en la ONU en varias capacidades, incluyendo como Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asesor Especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país –  Chile: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx

Para consultas y solicitudes de  prensa, póngase en contacto con:
En Ginebra, antes y después de la visita: Junko Tadaki (+41 22 917 9298 / jtadaki@ohchr.org) o diríjase por escrito a srextremepoverty@ohchr.org
En Santiago, durante la visita: María Jeannette Moya (+56 2 2210 2977 / mmoya@ohchr.org)

Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, favor ponerse en contacto con Xabier Celaya, ONU Derechos Humanos – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

ONU Derechos Humanos, síganos en las redes sociales:

Índice universal de los DDHH: http://uhri.ohchr.org/es/
 _________________________________

NEWS RELEASE

Poverty in Chile risks being overlooked, says UN human rights expert
  
SANTIAGO (24 March 2015) – United Nations Special Rapporteur Philip Alston today warned that “poverty remains under the radar for many policy-makers in Chile, despite the country’s impressive array of anti-poverty programs.”

“It remains to be seen whether the current middle class-driven political and social agenda will pay sufficient attention to the tragedy of those living in poverty,” said the independent expert tasked by the UN Human Rights Council to monitor and report on situations of extreme poverty and human rights worldwide.

At the end of his official visit* to Chile, where he met with President Michelle Bachelet, Mr. Alston noted that “Chile is a model for the Latin American region in terms of its commitment to human rights, its high economic growth rates, and it sustained social policy innovations.”

“However,” he stressed, “it continues to tolerate levels of poverty and inequality which are very high for a country belonging to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).”

“Persistent inequalities result in a highly segregated society, in which separate residential areas, separate schools, and separate employment markets operate to entrench privilege and stifle mobility,” he said.

Mr. Alston praised the current government’s determination to tackle these issues, but stressed that even more had to be done. “Very high levels of inequality are incompatible with full respect for human rights,” he said.

For the Special Rapporteur, “reducing inequality and overcoming poverty is not solely a matter of fiscal policy, nor of education reform.” In that regard, he noted that the fight against gender and other forms of discrimination must be an integral part of a reform program.

“Labor law reforms are needed to enable trade unions to defend the rights of workers effectively,” he said. “Women’s participation in the workforce needs to be facilitated by a range of measures that include better community care facilities, and better economic rewards for currently unpaid female care workers.”

The expert also called for measures to reduce the high rate of adolescent pregnancy, especially among the poorest. “It will be necessary to go well beyond the current debate about access to abortion, as important as that is. A more sustained effort needs to be made to acknowledge and promote sexual and reproductive rights, both as a matter of human rights and as a necessary complement to labor market reform,” Mr. Alston added.

The Special Rapporteur suggested that Chile’s record on the rights of indigenous peoples represents the ‘Achilles Heel’ of its human rights record in the twenty-first century.

“The Chilean State’s response to the widely acknowledged problems of exclusion, marginalization, and discrimination has been piecemeal and half-hearted,” according to the UN expert. “Efforts to eliminate extreme poverty in Chile cannot succeed without a concerted focus on the situation of indigenous peoples.”

Mr. Alston called for a specific, integrated plan to tackle both poverty and extreme poverty and for more effective coordination mechanisms.  But he noted that this is unlikely to be achieved by relying solely on the efforts of the Ministry for Social Development.

“There is a deep need for an entity with the responsibility, authority, funds and resources to coordinate government-wide human rights policies,” he said, calling for progress towards the creation of the new Ministry of Justice and Human Rights. “The process seems, however, to have stalled and needs to be kickstarted.” The expert added that, once the new Ministerial structure is created, it should ensure that economic, social and cultural rights are an integral part of its mandate.

During his nine-day official visit, the Special Rapporteur also met with the new Senate president, Patricio Walker, and a range of government officials, civil society leaders, academics, international organization representatives, and people living in poverty.

Mr. Alston’s full findings and recommendations will be presented in a report to the Human Rights Council in June 2016.

(*) Check the Special Rapporteur’s full end-of-mission statement: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15748&LangID=E

ENDS

Professor Philip Alston (Australia) took office as UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights in June 2014, following his appointment by the Human Rights Council. He is John Norton Pomeroy Professor of Law at New York University School of Law.  Mr. Alston has previously served the UN in several capacities including as Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Special Adviser to the UN High Commissioner for Human Rights on the Millennium Development Goals, as well as chairperson of the UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights, Country Page – Chile: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx

For more information and media requests, please contact:
In Geneva, before and after the visit: Junko Tadaki (+ 41 22 917 9298 / jtadaki@ohchr.org) or write tosrextremepoverty@ohchr.org
In Santiago, during the visit: María Jeannette Moya (+56 2 2210 2977 / mmoya@ohchr.org)

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)  

UN Human Rights, follow us on social media:

Libyan human rights defenders under attack – UN report



French and Arabic versions below
              
Libyan human rights defenders under attack – UN report


GENEVA (25 March 2015) – A UN human rights report released on Wednesday reveals a catalogue of violent attacks and threats against Libyan rights defenders, across Libya – and in some cases even after they are forced to leave the country.

Attacks, including killings, abductions, torture and other ill-treatment, unlawful deprivation of liberty and death threats by phone and on social media since the escalation of fighting in May 2014 have been documented in the joint report by the UN Support Mission in Libya (UNSMIL) and the UN Human Rights Office. Armed groups across the country have targeted human rights defenders seeking to shed light on and address human rights violations and abuses.

Most recently, prominent civil society activist Entissar al-Hassaeri was shot dead last month in Tripoli. Her body and that of her aunt were found in the trunk of her car on 23 February. Two members of the National Commission for Human Rights-Libya, a human rights NGO, were abducted on 13 and 14 February in central Tripoli. Both have since been released, but other human rights defenders and members of civil society remain missing or have gone into hiding.

“Given the increasing risks, the killings of prominent human rights defenders and repeated threats, many have fled the country, fallen silent, or have been forced to work in secret at great risk to themselves and their loved ones,” the report notes.

“Those who managed to flee abroad face a plethora of problems linked to their residency status, expiration of passports with no possibility of extension at some local Libyan consulates, loss of income, and other financial difficulties. Some human rights defenders who have fled have explained that they continued to receive death threats on their mobile phones and social media pages. In at least two cases… human rights defenders were physically assaulted in Tunisia, apparently by Libyans.”

In one such case, a media professional and women’s rights defender from Benghazi, left the country in late 2014 after numerous threats, including a text message threatening abduction of her son. Her car was struck, apparently deliberately, by another vehicle and a factory she owned was set on fire. She has continued to be outspoken – and has continued to be threatened – after moving abroad.

“On 19 October 2014, as she was walking to the train station, she was stopped by a car with Libyan license plates,” the report says. “The passenger threw a cup of coffee at her warning: ‘you…activist and journalist…next time it will be acid’.”

Another journalist and human rights defender received threats, including of sexual violence, on her Facebook page. “We will … come to your house and break your honour,” read one post. After fleeing Libya in August 2014, she continued to receive threats via Viber and text messages.

Another human rights defender left Tripoli in September 2014 after being repeatedly subjected to physical assaults, short-term detentions and abduction threats directed at his family.

“Civilians in Libya, including human rights defenders, have few or no avenues to seek protection or access to remedy for the harm suffered,” the report warns. “The breakdown of law and order has led to the failure of the criminal justice system in some parts of Libya, especially Derna, Benghazi and Sirte, while severe disruptions have been reported elsewhere. Justice sector officials…have been violently targeted by armed groups.”

The murders of several prominent individuals in Benghazi last year, including newspaper editor Muftah Abu Zeid, human rights defender Salwa Bughaigis, and two young civil society activists, Tawfik Bensaud and Sami al-Kawafi, remain unsolved.

Another human rights defender said she found a piece of paper on her car soon after the murder of Bughaigis in June 2014, stating “your turn is next.” Other defenders have had family members detained or abducted.

Staff members of Jurists without Chains, a human rights organization in Benghazi, shut its premises late last year following numerous threats, a raid, and the firing of a projectile into their office. The national human rights institution of Libya, the National Council for Civil Liberties and Human Rights, also closed its offices in Tripoli in late 2014 as a result of intimidation, threats and raids.

“Armed groups across political, tribal, regional and ideological divides…are responsible for violations of international human rights and humanitarian law and abuses of human rights, including abductions, extra-judicial executions and other unlawful killings, torture and other ill-treatment. Human rights defenders seeking to document and denounce such violations and abuses have faced reprisals,” the report says.

The report warns that those committing crimes under international law, including many detailed in the report, are criminally liable, including before the International Criminal Court. It stresses the crucial need to resume building State institutions, particularly law enforcement agencies and the overall justice system. The report also urges all sides to publicly condemn attacks against civil society members.

Neighbouring countries and the international community should also ensure the protection of Libyan human rights defenders, including by issuing emergency visas and providing temporary shelter, the report urges.

The report also calls on the Libyan authorities and on those with effective control on the ground to immediately refrain from, and take action to stop, attacks on human rights defenders, and work towards creating a safer and more enabling environment for them to conduct their indispensable work for the protection and promotion of human rights in Libya.

ENDS

The full report is available on the OHCHR website at: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf

For further information and media requests, please contact Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) or Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) or Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:

----------------------------------


  
Les défenseurs des droits de l’homme libyens attaqués – rapport de l’ONU

GENEVE (25 mars 2015) – Un rapport des Nations Unies publié mercredi met en lumière une série d’attaques violentes et de menaces contre des défenseurs des droits de l’homme libyens à travers le pays, et dans certains cas même après qu’ils aient été forcés de quitter la Libye.

Ces attaques survenues depuis l’intensification des combats en mai 2014 incluent des meurtres, des enlèvements, des tortures, des mauvais traitements, des privations illégales de liberté et des menaces de mort par téléphone ou via les réseaux sociaux. Elles ont été documentées dans un rapport conjoint produit par la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. A travers tout le pays, des groupes armés prennent pour cible les défenseurs des droits de l’homme qui tentent de mettre en lumière les violations et abus des droits de l’homme.

Le mois dernier, une militante bien connue de la société civile, Entissar al-Hassaeri, a été abattue à Tripoli. Son corps, et celui de sa tante, ont été retrouvés dans le coffre de sa voiture le 23 février. Deux membres de l’ONG de défense des droits de l’homme, la National Commission for Human Rights-Libya, ont été enlevés les 13 et 14 février dans le centre de Tripoli. Ils ont été relâchés depuis, mais d’autres défenseurs des droits de l’homme et membres de la société civile sont toujours portés disparus ou se cachent.

« Etant donné les risques croissants, les meurtres de défenseurs des droits de l’homme et les menaces répétées, beaucoup ont fui le pays, ont cessé de s’exprimer ou ont été contraints de travailler en secret, s’exposant ainsi que leurs proches à de grands risques », indique le rapport.

« Ceux qui ont réussi à fuir à l’étranger sont confrontés à une pléthore de problèmes liés à leur statut de résident et à l’expiration de leurs passeports, sans possibilité d’extension auprès de certains consulats libyen ainsi qu’à des pertes de revenu et autres difficultés financières. Certains défenseurs des droits de l’homme ayant fui ont expliqué continuer à recevoir des menaces de mort sur leurs téléphones portables et sur les réseaux sociaux. Dans au moins deux cas… des défenseurs des droits de l’homme ont été agressés physiquement en Tunisie par des personnes qui seraient libyennes. »

Dans l'un de ces cas, une professionnelle des médias et défenseuse des droits des femmes originaire de Benghazi a quitté le pays fin 2014 après avoir reçu de nombreuses menaces, y compris un SMS la menaçant d’enlever son fils. Sa voiture a été bloquée, semble-t-il délibérément, par un autre véhicule et une usine qu’elle possède incendiée. Elle a continué à s’exprimer ouvertement et a continué à être menacée après son départ à l’étranger.

« Le 19 octobre 2014, elle a été arrêtée par une voiture immatriculée en Libye alors qu’elle marchait dans la rue pour se rendre à une gare », indique le rapport. « Un passager a renversé une tasse de café sur elle en l’avertissant : “ Toi… la militante et la journaliste… la prochaine fois ce sera de l’acide. ” »

Une autre journaliste et défenseuse des droits de l’homme a reçu des menaces, y compris de violences sexuelles, sur sa page Facebook. « Nous viendrons… chez toi et nous salirons ton honneur », dit l’un de ces messages. Après avoir fui la Libye en août 2014, elle a continué à faire l’objet de menaces via Viber et par SMS.

Un autre défenseur des droits de l’homme a quitté Tripoli en septembre 2014 après avoir subi, de manière répétée, des agressions physiques, des détentions courtes et des menaces d’enlèvements contre sa famille.

« Les civils en Libye, y compris les défenseurs des droits de l’homme, n’ont que peu ou pas de possibilités d'obtenir une protection ou un recours pour les préjudices subis », indique le rapport. « La montée de l’anarchie a conduit à l’échec du système de justice pénale dans certaines parties de la Libye, en particulier à Derna, Benghazi et Syrte, et de graves perturbations ont été rapportées un peu partout. Les fonctionnaires de justice… ont été violemment pris pour cible par les groupes armés. »

Les meurtres de plusieurs personnes éminentes à Benghazi l’an passé, parmi lesquels le rédacteur en chef Muftah Abu Zeid, la défenseuse des droits de l’homme Salwa Bughaigis et deux jeunes militants de la société civile Tawfik Bensaud et Sami al-Kawafi, n’ont toujours pas été résolus.

Une autre défenseuse des droits de l’homme a déclaré avoir trouvé un morceau de papier dans sa voiture peu après le meurtre de Salwa Bughaigis en juin 2014, disant : « Tu es la prochaine sur la liste. » D’autres défenseurs ont vu certains de leurs proches être détenus ou enlevés.

Des employés de Jurists without Chains, une organisation des droits de l’homme située à Benghazi, ont fermé leurs bureaux à la fin de l’année dernière, après avoir reçu de multiples menaces et subi un raid ainsi qu’un tir de projectile contre leurs locaux. L’institution nationale des droits de l’homme en Libye, the National Council for Civil Liberties and Human Rights, a aussi fermé ses locaux à Tripoli fin 2014 à la suite d’intimidations, de menaces et de raids.

Des groupes armés couvrant tout le spectre politique, tribal, régional et idéologique… sont responsables de violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire ainsi que d’abus des droits de l’homme, y compris des enlèvements, des exécutions extra-judiciaires, des meurtres, des tortures et des mauvais traitements. Les défenseurs des droits de l’homme qui tentent de documenter et de dénoncer ces violations et ces abus subissent des représailles, indique le rapport.

Le rapport avertit que les personnes qui commettent des crimes au regard du droit international, dont beaucoup sont documentés dans le rapport, sont pénalement responsables, y compris devant la Cour pénale internationale. Il insiste sur le besoin crucial de reprendre la mise en place des institutions étatiques, en particulier des services chargés de l’application des lois et du système judiciaire en général. Le rapport exhorte toutes les parties à condamner publiquement les attaques contre les membres de la société civile.

Les pays voisins et la communauté internationale devraient aussi garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme libyens, y compris en leur donnant des visas en urgence et un hébergement temporaire, indique le rapport.

Le rapport demande aussi aux autorités libyennes et à celles exerçant un contrôle effectif sur le terrain de cesser immédiatement toute attaque contre des défenseurs des droits de l’homme et d’agir pour stopper ces attaques. Il leur demande aussi d’œuvrer pour créer un environnement sûr et qui permette à ces défenseurs de poursuivre le travail indispensable qu’ils mènent pour la protection et la promotion des droits de l’homme en Libye.

FIN

Le rapport complet (en anglais) est disponible ici: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefendersLibya.pdf
Pour des informations additionnelles et des demandes des médias, veuillez contacter Rupert Colville (+41 22 917 9767 ou rcolville@ohchr.org), Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 ou cpouilly@ohchr.org) ou Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 ou rshamdasani@ohchr.org)
ONU Droits de l’homme, suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

24. 03. 2015.

MEDIA STATEMENT - For International Day for the Elimination of Racial Discrimination - Saturday 2



For International Day for the Elimination of Racial Discrimination
Saturday 21 March 2015

Learning from historical tragedies is key to strengthen the global fight against racism
  
GENEVA (20 March 2015) – Speaking ahead of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, three United Nations experts on racism have called on Governments around the world to preserve the historical memory of past atrocity crimes to make more effective the global fight against racism.

The Special Rapporteur on contemporary forms of racism, Mutuma Ruteere; the  Chair-Rapporteur of the Working Group of Experts on People of African Descent, Mireille Fanon Mendes-France; and the Chairperson of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, José Francisco Cali Tzay, said that  breaking the silence on past human rights tragedies can only be achieved through political will and education.

“This year the International Day for the elimination of racial discrimination has a particular resonance as we celebrate the 50th anniversary of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) and commence the International Decade for People of African descent (2015-2024).

Striving for a world free of racism and racial discrimination while remembering historical tragedies and inhumane actions, related to racial or ethnic hierarchizing and discrimination, which have affected global history and caused untold suffering are inseparable parts of the fight against racism that all actors must undertake. We continue to be confronted with evidence that we are still some way from realizing the goal of universal non-discrimination, inter-ethnic harmony and unbiased justice that so many have worked to achieve.

The complex linkages between past and contemporary forms of racism must indeed be considered to prevent racial discrimination, xenophobia, afrophobia and related intolerance and banish racism in our societies. In this respect, political will and education is key in breaking the silence on past human rights tragedies.

Often history books are silent about past atrocities committed in the name of race and ethnicity, falsify or distort historic facts, spread racial prejudice, and elude the history, cultures, traditions and positive contributions of those exposed to racism and discrimination, including people of African descent, minorities, migrants, indigenous peoples and other groups.  

As we commemorate this important milestone for the ICERD, we can look back and see some great successes in the fight against racism; the most significant has been the end of Apartheid in South Africa.   But racism and discrimination is present today in our modern societies across the globe and in many forms.  Only by recognising and learning from history can we make past successes a contemporary reality.

We call upon States, and all relevant actors to adopt and implement measures to preserve historical memory of past atrocity crimes, to promote an accurate reflection of historical facts relating to past atrocities in text books and other educational material; to implement awareness-raising initiatives and ensure trainings for teachers on racial discrimination; prescribe unbiased schoolbooks that include the positive contribution of the victims of racial discrimination, while promoting more tolerance and respect for diversity.

We urge States to fully implement the ICERD as well as the Durban Declaration and Programme of Action, and the Programme of Activities for the implementation of the International Decade for People of African Descent: Recognition, Justice and Development which constitute key instruments in the global fight against racism including past atrocities.”

ENDS

Mr. Mutuma Ruteere (Kenya) was appointed by the Human Rights Council as Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in November 2011. Learn more, visit: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
For further information and media requests, please contact:
Kellie-Shandra Ognimba (+41 22 917 92 68 / kognimba@ohchr.org)or Thierry del Prado (+41 22 917 92 32 /

The Working Group of Experts on People of African Descent was established by the then Commission on Human Rights in 2002 following the World Conference against Racism held in Durban in 2001. Learn more, visit: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx
For further information and media requests, please contact Christina Saunders (+41 22 928 9197 / csaunders@ohchr.org) or write to africandescent@ohchr.org

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) is the body of independent experts that monitors implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination by its State parties. Learn more, visit: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx  
For further information and media requests, please contact Gabriella Habtom (+41 22 917 9193 / ghabtom@ohchr.org) or write to cerd@ohchr.org

UN Human Rights, follow us on social media:

EWS RELEASE (ENGLISH/FRANCAIS/ARABIC) - ISIL may have committed war crimes, crimes aga


French and Arabic versions below

ISIL may have committed war crimes, crimes against humanity and genocide: UN report
  
GENEVA (19 March 2015) – The so-called Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) may have committed all three of the most serious international crimes – namely war crimes, crimes against humanity and genocide – according to a report issued by the UN Human Rights Office on Thursday.

The report, compiled by an investigation team sent to the region by the UN High Commissioner for Human Rights late last year, draws on in-depth interviews with more than 100 people who witnessed or survived attacks in Iraq between June 2014 and February 2015. It documents a wide range of violations by ISIL against numerous ethnic and religious groups in Iraq, some of which, it says, may amount to genocide.

It also highlights violations, including killings, torture and abductions, allegedly carried out by the Iraqi Security Forces and associated militia groups.

The report finds that widespread abuses committed by ISIL include killings, torture, rape and sexual slavery, forced religious conversions and the conscription of children. All of these, it says, amount to violations of international human rights and humanitarian law. Some may constitute crimes against humanity and/ or may amount to war crimes.

However, the manifest pattern of the attacks against the Yezidi “pointed to the intent of ISIL to destroy the Yezidi as a group,” the report says. This “strongly suggests” that ISIL may have perpetrated genocide.

The report, requested by the UN Human Rights Council at the initiative of the Government of Iraq,* cites the brutal and targeted killings of hundreds of Yezidi men and boys in the Ninewa plains last August. In numerous Yezidi villages, the population was rounded up. Men and boys over the age of 14 were separated from women and girls. The men were then led away and shot by ISIL, while the women were abducted as the ‘spoils of war.’ “In some instances,” the report found, “villages were entirely emptied of their Yezidi population.”

Some of the Yezidi girls and women who later escaped from captivity described being openly sold, or handed over as “gifts” to ISIL members. Witnesses heard girls – as young as six and nine years old – screaming for help as they were raped in a house used by ISIL fighters. One witness described how two ISIL members sat laughing as two teenage girls were raped in the next room. A pregnant woman, repeatedly raped by an ISIL ‘doctor’ over a period of two and a half months, said he deliberately sat on her stomach. He told her, “this baby should die because it is an infidel; I can make a Muslim baby.”

Boys between the ages of eight and 15 told the mission how they were separated from their mothers and taken to locations in Iraq and Syria. They were forced to convert to Islam and subjected to religious and military training, including how to shoot guns and fire rockets. They were forced to watch videos of beheadings. One child was told, “This is your initiation into jihad….you are an Islamic State boy now.”

Brutal treatment was meted out by ISIL to other ethnic groups, including Christians, Kaka’e, Kurds, Sabea-Mandeans, Shi’a and Turkmen. In a matter of days in June, thousands of Christians fled their homes in fear after ISIL ordered them to convert to Islam, pay a tax, or leave.

Also in June, around 600 males held in Badoush prison, mostly Shi’a, were loaded onto trucks and driven to a ravine, where they were shot by ISIL fighters. Survivors told the UN team that they were saved by other bodies landing on top of them.

Those perceived to be connected with the Government were also targeted. Between 1,500 to 1,700 cadets from Speicher army base, most of whom are reported to have surrendered, were massacred by ISIL fighters on 12 June. The findings of Iraqi Government investigations into both the Badoush and Speicher incidents have yet to be made public.

ISIL fighters are reported to have relied on lists of targets to conduct house-to-house and checkpoint searches. A former policeman stated that when he showed his police ID card to ISIL fighters, one of them slashed the throats of his father, five-year-old son and five-month-old daughter. When he begged them to kill him instead, they told him “we want to make you suffer.”

The investigation team received information from numerous sources who alleged that Iraqi Security Forces and affiliated militia had committed serious human rights violations during their counter-offensive operations against ISIL.

During the summer of 2014, as their military campaign against ISIL gained ground, the report says, militias seemed to “operate with total impunity, leaving a trail of death and destruction in their wake.”

In mid-June, fleeing Iraqi forces allegedly set fire to an army base in Sinsil, in Diyala province, where 43 Sunnis were held prisoner. In another incident, at least 43 prisoners were allegedly shot dead in the al-Wahda police station in Diyala. Villagers reported being rounded up and taken to al-Bakr airbase at Salah-ad-Din where, the report says, torture is allegedly routine. There were also numerous accounts of Sunnis being forced from their homes at gunpoint.

As one witness put it: “we hoped for the best when the Iraqi army and the ‘volunteers’ liberated the area from ISIL. Instead…they pillaged, burnt and blew up houses, claiming that all villagers are part of ISIL. This is not true; we are just ordinary poor people.”

The report concludes that members of Iraqi Security Forces and affiliated militia "carried out extrajudicial killings, torture, abductions and forcibly displaced a large number of people, often with impunity.” By doing so, it says, they “may have committed war crimes.”

However, it also pointed out that since the fall of Mosul last June, the line between regular and irregular Iraqi Government forces has become increasingly blurred. It suggests that “while more information is needed on the link between the militia and the Government,” some incidents point, at the very least, to a failure by the Government to protect persons under its jurisdiction.

The report adds that it is the Government’s responsibility to ensure that all organized armed forces, groups and units are placed under a command responsible for the conduct of its subordinates.

It called on the Iraqi Government to investigate all crimes outlined in the report and bring the perpetrators to justice.

It also urged the Government to become a party to the Rome Statute of the International Criminal Court and ensure that the international crimes defined in that Statute are criminalised under domestic law.

The report also calls on the Human Rights Council to urge the UN Security Council to address, “in the strongest terms, information that points to genocide, crimes against humanity and war crimes,” and to consider referring the situation in Iraq to the International Criminal Court.

ENDS

*The report was requested at a Special Session of the UN Human Rights Council on 1 September 2014. The Council requested the High Commissioner for Human Rights to send a mission to Iraq to investigate alleged violations and abuses of international human rights law committed by ISIL and associated terrorist groups. For more information, see:


For media enquiries please contact: Rupert Colville (+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org), Pam O’Toole (+41 79 444 4860), Ravina Shamdasani (+ 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) or Cécile Pouilly (+ 41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org).

UN Human Rights, follow us on social media:




L’EIIL pourrait avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, indique un rapport de l’ONU

GENEVE (19 mars 2015) – Le groupe dit de « l'État islamique d'Iraq et du Levant »  (EIIL) pourrait avoir commis les trois crimes internationaux les plus graves, c’est-à-dire des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide, selon un rapport publié jeudi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Le rapport, qui a été compilé par une équipe d’enquête envoyée dans la région par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à la fin de l’année dernière, s’appuie sur des interviews approfondies auprès de plus de 100 personnes qui ont été les témoins d’attaques en Iraq ou qui ont survécu à ces attaques entre juin 2014 et février 2015. Il documente un éventail de violations commises par l’EIIL contre de nombreux groupes ethniques et religieux en Iraq, dont certaines pourraient, selon le rapport, constituer un génocide.

Le rapport met aussi en exergue des violations, y compris des meurtres, tortures et enlèvements, qui auraient été commises par les forces de sécurité iraquiennes et des milices qui leur sont associées.

Le rapport documente des abus généralisés commis par l’EIIL, dont des meurtres, tortures, viols, esclavage sexuel, conversions forcées et enrôlement des enfants. Tous ces abus, indique-t-il, pourraient constituer des violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire. Certains pourraient constituer des crimes contre l’humanité et/ou des crimes de guerre.

Toutefois, le schéma manifeste des attaques contre les Yézidis « a indiqué l’intention de l’EIIL de détruire les Yézidis en tant que groupe », a déclaré le rapport. Ceci « suggère fortement » que l’EIIL pourrait avoir perpétré un génocide.
Le rapport, demandé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à l’initiative du Gouvernement iraquien*, mentionne le meurtre brutal et ciblé de centaines d’hommes et garçons yézidis dans les plaines de Ninive en août dernier. Dans de nombreux villages yézidis, la population a été regroupée. Les hommes et garçons de plus de 14 ans ont été séparés des femmes et des filles. Les hommes ont été emmenés plus loin et abattus par l’EIIL, tandis que les femmes étaient enlevées comme « butin de guerre ».
« Dans certains cas », a établi le rapport, « des villages ont été entièrement vidés de leurs populations yézidies. »
Certaines des femmes et des filles yézidies qui se sont ensuite échappées ont décrit avoir été ouvertement vendues ou remises en « cadeau » à des membres de l’EIIL. Des témoins ont entendu des filles, d’à peine six et neuf ans, appeler à l’aide alors qu’elles se faisaient violer dans une maison utilisée par des combattants de l’EIIL. Un témoin a décrit deux membres de l’EIIL assis en train de rire, alors que deux jeunes filles étaient violées dans la pièce voisine. Une femme enceinte, violée à plusieurs reprises par un « docteur » de l’EIIL pendant deux mois et demi, a déclaré qu’il s’asseyait de manière intentionnelle sur son ventre. Il lui a dit que « ce bébé devrait mourir car c’est un infidèle. Je peux faire un enfant musulman. »
Des garçons âgés de huit à 15 ans ont déclaré à la mission avoir été séparés de leurs mères et envoyés en Iraq et en Syrie. Ils ont été contraints de se convertir à l’Islam et soumis à un entraînement religieux et militaire, apprenant notamment à tirer avec des armes et des roquettes. Ils ont été forcés de regarder des vidéos de décapitation. Un enfant s’est entendu dire: « C’est votre initiation au jihad… tu es un garçon de l’Etat islamique désormais.»
Un traitement brutal a été infligé par l’EIIL à d’autres groupes ethniques, dont les chiites, chrétiens, kaka’e, kurdes, mandéens, sabéens et turkmènes.
En l’espace de quelques jours en juin, des milliers de chrétiens effrayés ont fui leur foyer, après que l’EIIL leur ait ordonné de se convertir à l’Islam, de payer une taxe ou de partir.
En juin également, environ 600 hommes détenus dans la prison de Badouch, principalement des chiites, ont été emmenés dans des camions jusqu’à un ravin, où ils ont été abattus par des combattants de l’EIIL. Des survivants ont dit à l’équipe des Nations Unies avoir été sauvés par les corps d’autres personnes tombées sur eux.
Les personnes perçues comme ayant des liens avec le gouvernement ont aussi été prises pour cible. Entre 1 500 et 1700 cadets de la base militaire de Speicher, dont la plupart se seraient rendus, ont été massacrés par des combattants de l’EIIL le 12 juin. Les conclusions des enquêtes menées par le gouvernement iraquien sur les incidents de Badouch et Speicher n’ont pas encore été rendues publiques.
Des combattants de l’EIIL auraient utilisé des listes de cibles pour mener des fouilles dans des maisons et aux points de contrôle. Un ancien policier a déclaré que lorsqu’il a dû montrer sa carte de police à des combattants de l’EIIL, l’un d’eux a égorgé son père, son fils de cinq ans et sa fille de cinq mois. Lorsqu’il les a suppliés de le tuer à la place, ils lui ont répondu : « Nous voulons que tu souffres. »
L’équipe d’enquête a reçu des informations de multiples sources rapportant que des forces de sécurité iraquiennes et des milices associées avaient commis de graves violations des droits de l’homme lors de leurs opérations de contre-offensive contre l’EIIL.
Selon le rapport, au cours de l’été 2014 et alors que la campagne militaire contre l’EIIL progressait, des milices semblaient opérer en toute impunité, laissant un cortège de morts et de destruction derrière elles.
A la mi-juin, les forces iraquiennes en fuite auraient mis le feu à une base aérienne à Sinsil, dans la province de Diyala, où 43 sunnites étaient détenus. Lors d’un autre incident, au moins 43 prisonniers auraient été abattus dans la station de police d’Al-Wahda, à Diyala. Selon le rapport, des villageois ont dit avoir été regroupés et emmenés à la base aérienne d’Al-Bakr, à Salah-ad-Din, où la torture serait routinière. Il existe également de nombreuses autres informations faisant état de sunnites contraints de quitter leurs maisons sous la menace d’une arme.
Comme l’a indiqué un témoin : « Lorsque l’armée iraquienne et les “volontaires” ont libéré la zone de l’EIIL, nous espérions que les choses iraient en s’améliorant. Au lieu de cela… ils ont pillé, brûlé et fait exploser des maisons, en affirmant que tous les villageois faisaient partie de l’EIIL. C’est faux ; nous ne sommes que de pauvres gens. »
Le rapport conclut que les membres des forces de sécurité iraquiennes et des milices qui leur sont associées ont perpétré des meurtres extrajudiciaires, des tortures, des enlèvements et déplacé par la force un grand nombre de personnes, souvent en toute impunité. Ce faisant, ils « pourraient avoir commis des crimes de guerre », indique le rapport.
Cependant, le rapport met aussi en avant le fait que depuis la chute de Mossoul en juin dernier, la distinction entre les forces gouvernementales iraquiennes régulières et irrégulières est devenue de plus en plus floue. Il suggère que, bien que des informations supplémentaires sur le lien entre les milices et le gouvernement soient nécessaires, des incidents indiquent, à tout le moins, l’incapacité du gouvernement à protéger les personnes sous sa juridiction.
Le rapport ajoute qu’il est de la responsabilité du gouvernement de s’assurer que toutes les forces, groupes et unités armés organisés soient placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés.
Il appelle le Gouvernement iraquien à enquêter sur tous les crimes mis en lumière dans le rapport et à traduire les responsables en justice.
Il exhorte aussi le gouvernement à devenir partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à garantir que les crimes internationaux définis dans ce statut soient criminalisés dans la législation nationale.
Le rapport demande aussi au Conseil des droits de l’homme d’exhorter le Conseil de sécurité de l’ONU à traiter dans les termes les plus forts les informations qui indiquent un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et d’envisager de porter la situation en Iraq devant la Cour pénale internationale.
FIN
*Ce rapport a été demandé lors de la session spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en octobre 2014. Le Conseil a demandé au Haut-Commissaire d’envoyer une mission en Iraq pour enquêter sur les allégations de violations et d’abus du droit international des droits de l’homme commis par l’EIIL et les groupes terroristes qui lui sont associés.Pour plus d’informations, prière de cliquer sur : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session22/Pages/22ndtSpecialSession.aspx

Pour des informations additionnelles et des demandes des médias, veuillez contacter Rupert Colville (+41 22 917 9767 ourcolville@ohchr.org), Pam O’Toole (+41 79 444 4860), Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 ou cpouilly@ohchr.org) ou Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 ou rshamdasani@ohchr.org)

ONU Droits de l’homme, suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

NEWS RELEASE - UN rights expert calls on Myanmar to address worrying signs of backtracking in



UN rights expert calls on Myanmar to address worrying signs of backtracking in pivotal year
  
GENEVA (18 March 2015) – The United Nations Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar, Yanghee Lee, called on the country’s authorities to rapidly address ongoing challenges to the democratic reform process “before they undermine the success achieved so far.”

“I was very disturbed by reports on 10 March that excessive and disproportionate force had been used against students and other civilians and that 127 people were subsequently arrested,” Ms. Lee said during the presentation of her first report* to the UN Human Rights Council. While welcoming the release of some detainees, she called for “the immediate release of all the others.”

Focusing on key issues surrounding democratic space, the expert drew special attention to the pressure on human rights defenders and journalists, including reports of regular surveillance, as well as prosecutions under outdated defamation, trespassing and national security laws, which have a severe “chilling effect on civil society activities.”
“A free and independent media has a vital role to play in any democratic society,” she said welcoming the Government’s efforts to reform media governance. “However, I am concerned that journalists are still being interrogated and arrested, and that 10 journalists were imprisoned in 2014. This needs to stop if Myanmar wants to create a meaningful democratic space.”
While noting that economic development had benefited some in the country, the independent expert urged the Government to ensure that “others are not left out” and called for “a human rights-based approach to development programmes.”
 
The Special Rapporteur expressed concern about the alarming escalation of fighting in the Kokang region, where over 100 civilians are reported to have died and tens of thousands have been displaced. “Even during a state of emergency, the Government has an obligation to strictly uphold fundamental human rights,” she highlighted.
“Far too often the people of Myanmar have suffered from the resurgence of violence and human rights violations in ethnic border areas,” the expert said, noting that there has been limited success in addressing the underlying issues at the heart of the conflicts, including control over and benefit from natural resources and accountability for human rights violations.
Ms. Lee warned that discrimination against ethnic and religious minorities was another factor fuelling conflict and expressed alarm on the package of four bills currently before Parliament that risks increasing tension.
 
“During my last visit in January 2015, I witnessed how dire the situation has remained in Rakhine State. The conditions in Muslim IDP camps are abysmal and I received heart-breaking testimonies from Rohingya people telling me they had only two options: stay and die or leave by boat,” she said.

The expert also cautioned against any provision in the Rakhine Action Plan that would classify Rohingyas as ‘illegal aliens’ and subject them to possible prolonged internment in camps or removal from the territory. “The expiry at the end of March 2015 of the temporary white cards held by many Rohingyas as identity documentation raises more uncertainties and further increases their vulnerability,” she stressed.

The Special Rapporteur made a call for collective efforts to find “meaningful ways to improve the human rights of all in Rakhine State.”

(*) Check the Special Rapporteur’s full report to the Human Rights Council (A/HRC/28/72):  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx

ENDS

Ms. Yanghee Lee (Republic of Korea) was appointed as Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar by the UN Human Rights Council in 2014. Ms Lee served as member and chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child (2003-2011). She is currently a professor at Sungkyunwan University, Seoul, and serves on the Advisory Committee of the National Human Rights Commission of Korea. Ms Lee is the founding President of International Child Rights Center, and serves as Vice-chair of the National Unification Advisory Council. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

Read the Special Rapporteur’s statement to the Human Rights Council:  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15713&LangID=E

UN Human Rights, country page – Myanmar:

For more information and media requests, please contact Caroline Avanzo (+41 22 928 9208 / cavanzo@ohchr.org)

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org) 

UN Human Rights, follow us on social media: